La nueva ley de vivienda en España otorga descuentos de carácter urbanístico, fiscal o de cualquier otro tipo a los titulares de viviendas de titularidad privada, incluidas las entidades del tercer sector, a cambio de destinarlas a residencia habitual en régimen de alquiler o de cualquier otra fórmula de tenencia temporal, de personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado.
Además, la ley incluye nuevos conceptos que hasta ahora no habían formado parte de ninguna normativa, como la regulación de los precios del alquiler de zonas tensionadas, una nueva definición de la figura de los grandes propietarios y la creación de un índice de referencia que determinará las rentas que se pagan por los pisos.
Cómo afecta a las inmobiliarias
En cuanto a cómo afecta a las inmobiliarias, la ley establece que durante 2024, en los contratos de arrendamiento de vivienda en los que proceda actualizar la renta, el incremento no podrá superar el 3% en el caso de grandes tenedores (personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 inmuebles de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m²) y el IPC en el caso del resto⁴. Además, la Ley incluiría la obligación de que sean los propietarios quienes asuman los gastos de las inmobiliarias.
Un gran tenedor de vivienda es una persona física o jurídica propietaria de más de cinco inmuebles urbanos. La nueva Ley de Vivienda de 2023 identifica al gran tenedor como aquella persona física o jurídica propietaria de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m².
Índice de referencia
El índice de referencia es el valor que se utiliza para actualizar la renta en los contratos de alquiler. Este valor se determina por la Dirección General del Catastro, de forma objetiva y con el límite del valor de mercado, a partir de los datos obrantes en el Catastro, como resultado del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las compraventas inmobiliarias efectuadas.
Según la nueva Ley de Vivienda de 2023, una zona tensionada -provincia, municipio o barrio- podrá ser declarada cuando el coste del alquiler o la hipoteca más los gastos de suministros superen el 30% de los ingresos medios de las familias de esas zonas. Las administraciones deberán elaborar los índices de precios de referencia que se apliquen a las zonas tensionadas.
Gastos de las inmobiliarias
La nueva Ley de Vivienda incluiría la obligación de que sean los propietarios quienes asuman los gastos de las inmobiliarias. Además, la Ley de Vivienda incluiría la posibilidad de imponer límites a las rentas del alquiler en las zonas que se declaren tensionadas. Las asociaciones inmobiliarias, consultoras y agentes de la propiedad, bancos e incluso el Banco de España alertan del posible efecto contrario que podría suponer el control de precios sobre la oferta.
